Han pasado ya algunas semanas desde el 8M, día internacional de la mujer, que fue motivo para retomar varios debates legislativos entorno a la agenda pendiente. Lo que se vio, por ejemplo, en el Pleno Mujer, es que las iniciativas responden a las mismas urgencias no resueltas: luchar contra la violencia, el acoso sexual y la desigualdad de género. Pero hay una pieza imprescindible que falta.
Aunque al asumir su mandato, el presidente Martín Vizcarra se comprometió a aprobar la Política Nacional de Igualdad de Género para fines del 2018, esto no ha sucedido hasta el momento. Mientras las cifras de víctimas de violencia de género avanzan a paso indetenible ( ya van 42 en lo que va del 2019), las iniciativas de acción van a paso lento.
Si bien hay algunos aciertos en cuanto a enfoque de género como parte de las políticas y normas nacionales: ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres N°28983; la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar N° 30364, el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016 – 2021, y el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021, todas estas propuestas aún no encuentran un eje unificador.
Para Janette Llaja, abogada, feminista, especialista en género y políticas públicas, hay una falta de articulación y poca claridad de objetivos en las iniciativas que se desarrollan alrededor del tema de igualdad. “Parecen acciones aisladas que no tienen el enfoque que necesitamos. Al aprobar la Política Nacional, se busca que exista una mirada estratégica que permita que el Estado pueda tomar acciones que aborden el tema de prevención, atención y diagnóstico de las diferentes problemáticas de las mujeres que no solo se reducen a la violencia, agrega”.
Para Alicia del Aguila, especialista de Igualdad de Género del FSSP, «se requiere de un compromiso multisectorial para deconstruir la masculinidad tradicional. Asimismo, reconociendo que las niñas de secundaria en zonas rurales constituyen uno de los grupos con mayor riesgo de sufrir violencia sexual, es importante aplicar mecanismos afirmativos para estimular a que cada vez más mujeres sean docentes de secundaria en aquellas zonas».
La especialista dice que es necesario tener más mentoras que puedan detectar y prevenir situaciones de acoso en las escuelas. No solo es un problema de educación básica regular, ni de un solo ministerio, es un asunto que atraviesa muchos más espacios y requiere de un compromiso multisectorial para deconstruir la masculinidad tradicional”.
Ximena Sierralta, abogada y asesora política de la Unión Europea dice que es necesario darle mucha atención al tema judicial y a esta percepción constante de inmunidad que todo el mundo tiene. “Hay que fortalecer el sistema de sanción de la violencia, a través de una mayor inversión económica, porque de lo contrario nunca habrá una sensación de justicia, o espíritu de enmienda en nuestra sociedad. El sistema de justicia de nuestro país tiene que estar en constante capacitación”.
Las expertas coincidieron también en la urgencia de que el Poder Judicial esté comprometido con los lineamientos que promueven la igualdad de género para así expresarlos en sus decisiones judiciales. La política Nacional de Igualdad permitiría entonces que haya una mejor aplicación de la ley, más consistente y unificada.
Lo indispensable en este proceso es involucrar a todos los actores de la sociedad para que asuman su rol. La cooperación internacional lo viene haciendo a través de sus agencias locales generando espacios de diálogos con sindicatos, sociedad civil, empresas y medios de comunicación. La tarea se extiende a todos.
Escribe: Joselyn Leyva
*Contenido realizado con la colaboración de la MESAGEN
