Lo ocurrido recientemente en el Ministerio Público (MP) parece una escena sacada de una película de ficción. En ella, el villano gana una de las tantas batallas hasta que otro personaje con casco de acero, escudo de madera y espada se interpone inofensivamente en su camino. El villano lo hiere de un golpe y lo ahorca para advertirle: “Ningún hombre puede vencerme”. Tras zafarse de sus garras, se retira el casco y revela el rostro de una guerrera, quien antes de darle la estocada final al antagonista sentencia: “Yo no soy un hombre”.
Los Cuellos Blancos del Puerto tenían igual de acorralados al Consejo Nacional de la Magistratura y al MP. Ningún hombre parecía poder vencerlos, hasta que tres mujeres les dieron, no sabemos si la estocada final, pero sí la más fuerte, llevando a varios de sus miembros a prisión.
Sandra Castro (51) y Rocío Sánchez (45), desde la Fiscalía del Callao, y la titular interina del MP, Zoraida Ávalos (62), han empuñado las espadas desde distintos frentes para sacudir la mugre de esta institución de justicia tan importante para el país.
A Sandra Castro la conoció todo el Perú la madrugada de un domingo de julio del 2018, cuando intervino la vivienda de Antonio Camayo. El dueño de Iza Motors era uno de los presuntos miembros de esa red criminal y fue uno de los primeros en ser detenido.
Esa noche, Castro se mostraba firme y ecuánime a pesar de que se estaba enfrentando a una organización que — según sabría más adelante por sus investigaciones— también involucraba a la entonces máxima autoridad de su institución, Pedro Chávarry.
Su rango le impedía denunciarlo directamente, sin embargo, no se detuvo y derivó el informe contra su superior a un fiscal supremo para que él procediera con la demanda. Pero Castro no fue la única que tuvo la hidalguía de enfrentar a esa organización. El caso no hubiera estallado si no se habrían conocido las ilícitas conversaciones de los ‘Hermanitos’.
La fiscal Rocío Sánchez fue quien solicitó valiente y exitosamente la autorización judicial para que se interceptaran las comunicaciones telefónicas de los poderosos magistrados que negociaban sentencias, puestos e investigaciones a cambio de dinero o favores equivalentes. El logro de Sánchez fue de tal peligrosidad que el Ministerio del Interior tuvo que otorgarle resguardo policial.
Ambas se conocieron en julio del 2012, en el pool de fiscales del Callao. Como titulares especializadas contra el crimen organizado en una de las regiones más peligrosas del país, las dos convivieron con hechos que asustarían a cualquiera.
A Castro, por ejemplo, en alguna ocasión el extinto CNM le puso piedras en el camino calificandola con 0.5 en idiomas, a pesar de que ella había demostrado saber leer y escribir italiano, alemán y francés correctamente, según una nota publicada en el El Comercio.
Por su parte, Sánchez tuvo un recibimiento laboral, por decirlo menos, agitado: “Quedó a cargo del turno de 24 horas y no le dieron permiso para cambiarse de ropa. Era febrero, verano y en su primera noche tuvo que asistir a verificar una balacera: un muerto, un herido y cinco detenidos fue el resultado”.
A pesar de que a fines del 2018 muchos concentraron su apoyo en los fiscales del caso Lava Jato, la ciudadanía no olvidó el aporte de ambas a la justicia. Por eso las campanas de alerta sonaron ante la posibilidad de que Pedro Chávarry (juez y parte) no las ratificara. Incluso se organizó un ‘twitazo’ (un reclamo colectivo vía Twitter) para expresarles su respaldo y exigirle al fiscal de la Nación de entonces que las confirmara en sus puestos.
Incluso existe un grupo en Facebook llamado ‘las fiscales Coraje Sandra Castro y Rocío Sánchez’, donde se publican las noticias diarias sobre su trabajo, como quien le dice a las autoridades que están atentos a las acciones que apliquen contra ellas.
Además de Castro y Sánchez, hubo otra fiscal que enfrentó a Chávarry y en su propia cara: Zoraida Ávalos. Cuando estalló el caso Cuellos Blancos, Ávalos era una de los cinco fiscales supremas del Ministerio Público. Según Hildebrandt en sus trece, desde entonces le pidió a Chávarry dejar el cargo hasta en cinco oportunidades.
Más de una vez recibió como respuesta un “me iré cuando lo crea conveniente”, dejándola con la palabra en la boca. De hecho, Ávalos fue la única que no votó por él para el cargo de fiscal de la Nación, pues para esa fecha la prensa ya empezaba a difundir los primeros audios que lo relacionaban con los Cuellos Blancos. Su valentía le costó el hostigamiento de Chávarry, quien “le exigía informes periódicos sobre las actividades que realizaba en la Oficina Suprema de Control Interno”.
El mismo semanario la describe como una persona “de perfil bajo, seria y laboriosa”, que evita aparecer en la prensa y que no ha tenido una sanción ni una queja fundada durante los 37 años que le ha dedicado a la Fiscalía, institución donde se ha desempeñado como fiscal provisional, titular y, desde el 2013, como suprema.
Los años le han valido para que, tras la declinación del fiscal más antiguo en el cargo, se convierta en la cabeza temporal del Ministerio Público. Su primera medida fue declarar en emergencia a su institución por la infiltración de los Cuellos Blancos y ya se habla de “impulsar la labor de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro”. Es la espada que las magistradas del Callao necesitaban para que los Cuellos Blancos den al fin el último suspiro.
Escribe: Andy Livise
