El trabajo doméstico remunerado, entendido como aquel que efectúa los quehaceres del hogar, incluidas la limpieza, la lavandería y la cocina, así como los “trabajo de cuidados” de niños, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, se instaló en América Latina desde los tiempos de la colonia, asociándose principalmente con mujeres pobres, indígenas y afros. A pesar de la importante función que cumple este trabajo, hoy este sector sigue enfrentado un alto nivel de desprecio y discriminación que parecieran estar relacionados a su particular composición sociodemográfica: mujeres y adolescentes, de bajos recursos, provenientes de grupos étnicos históricamente marginados, y trabajando en un 92.4% de los casos en condiciones de informalidad.
¿Qué dicen los datos?
De acuerdo al INEI (2013), las trabajadoras del hogar constituyen el 2.6% de la población económicamente activa (PEA) ocupada; asimismo, la tendencia nacional entre los años 2004 y 2013 sugieren que el número absoluto de trabajadoras en este sector está en declive. De hecho, en estos años el número de trabajadoras del hogar registradas en las estadísticas se redujo en términos absolutos, siendo aquellas que trabajan “cama adentro”, la población minoritaria. Sin embargo, todavía existen brechas significativas entre los derechos de las que permanecen en este empleo frente a otros trabajadores. Las trabajadoras que se desenvuelven en el sector del hogar siguen siendo altamente vulnerables: suelen tener un bajo nivel educativo, son solteras o separadas, migrantes, carecen de contratos formales de trabajo y no parecen percibir mejoras importantes en su situación socioeconómica general. El Cuadro 1 provee mayores detalles sobre esta situación.
Cuadro 1: Indicadores claves sobre el trabajo doméstico remunerado en el Perú 2011. Bastidas (2012) en Pérez & Llanos (2015)
Asimismo, pareciera que la edad laboral en este sector va en aumento. Si hacia el 2004 la edad de la mayor cantidad de mujeres trabajadoras era entre los 19 y los 34, en un período de 10 años, poco más de la mitad de las trabajadoras tiene entre 36 y 65 años de edad. Una posible explicación es que menos mujeres jóvenes han entrado en el sector durante la última década porque hubo un notable y sostenido crecimiento económico en el Perú durante dicho período que puede haber abierto la posibilidad a otros empleos.
Sin embargo, entrevistas con trabajadoras del hogar en el 2015 sugieren una explicación alternativa. En realidad, muchas salieron del sector cuando tuvieron hijos –o para llevar a cabo otros proyectos – y luego volvieron al mismo trabajo. Así, pareciera que en realidad lo que existe es una “puerta giratoria” a través de la cual mujeres entran y salen del sector. Pero sus salidas hacia otros proyectos o trabajos no implican mejores sueldos ni ascensos laborales para ellas. Los sueldos de estas trabajadoras están por debajo de todos los demás trabajadores de la PEA ocupada, incluidos otros trabajadores de bajas calificaciones e informales como ellas. Es decir, para las trabajadoras domésticas remuneradas -a diferencia de otros trabajadores- una mayor educación no pareciera apoyar de manera sustancial en su ascenso laboral y social (Pérez y Llanos 2017).
¿Qué hacer?
El resultado neto es que estas trabajadoras siguen constituyendo una parte extremadamente vulnerable de la fuerza laboral y de la sociedad peruana en su conjunto. Entre las varias líneas de acción que podrían marcar una importante diferencia en calidad de vida para ellas, el reconocimiento de sus derechos laborales completos sería un importante paso hacia adelante. La ratificación del Convenio 189, que reconoce y equipara los derechos de las trabajadoras del hogar a los de los demás trabajadores constituye un importante avance de cara a mejores condiciones laborales y de seguridad social. Sin embargo, la ausencia de normas internas que garanticen la implementación de nuevas políticas alienadas al instrumento internacional adoptado mantiene la situación actual de estas trabajadoras aún con derechos recortados, en la mayoría de los casos sin un contrato de trabajo (99.3%) y con un Estado que no asegura su bienestar a cabalidad y de manera efectiva. Por ello, particularmente en el caso de las trabajadoras que migran de otras partes del país –más del 50% en 2013– están aún altamente expuestas a situaciones de explotación y maltrato.
Escribe: Leda Pérez, Ph.D. Profesora-Investigadora de Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico
*Readaptado del original post “Trabajo doméstico remunerado en el Perú: una instantánea de la situación actual” publicado el lamula.pe el 28/09/2016.
