En el Perú, 1.5 millones de personas tienen alguna discapacidad. Ocho de cada diez de ellas no participan del mercado laboral, según indica la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad del 2012. Esta tendencia es la misma que se expresó en ENAHO (2015), que estima 1’619,885 personas con discapacidad, de las cuales el 49% son hombres y el 51%, mujeres. Todo ello se debe, en gran medida, a barreras externas -sociales, culturales y de género- permeadas por prejuicios y estereotipos que limitan sus oportunidades.
Mantener esas restricciones para su acceso al empleo digno es una violación a sus derechos humanos que afecta su autonomía, autoestima y bienestar. Implica además desaprovechar un capital humano importante y alejarnos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tales como el ODS 8 para creación de empleo decente, el ODS 5 para la igualdad de género y el ODS 10 para la reducción de las desigualdades.
En los últimos años, el Perú ha logrado notables avances normativos y en oferta de servicios para proteger los derechos de las personas con discapacidad, y ha aumentado la disposición para contratarlas en la sociedad. Sin embargo -y pese a existir una cuota de empleo- el 93% de las empresas privadas formales de 10 a más trabajadores no cuentan con personas con discapacidad y lo mismo ocurre con el 80% de las empresas formales de 50 a más trabajadores.
Esta situación de precariedad se acentúa en el caso de las mujeres con discapacidad, quienes además de las barreras que enfrentan por su discapacidad deben sortear las que impone la discriminación por motivos de género: menor autonomía, situaciones de violencia y acoso, sobre protección familiar y poca comprensión de sus necesidades de salud sexual y reproductiva. A ello se suma la aún insuficiente oferta de programas y servicios que atiendan sus necesidades específicas.
Las mujeres con discapacidad presentan una mayor tasa de desempleo. Entre quienes trabajan, 63% son trabajadoras independientes y 15% son empleadas. En este último grupo, el 46% gana menos de 750 soles y 19%, entre 750 y 1,199 soles, según el Informe “Mujer y Discapacidad en el Perú” publicado por el INEI en 2016.
Para contribuir a remontar esta situación, el Sistema de Naciones Unidas y el Estado peruano han iniciado el Programa Conjunto sobre Empleo y Discapacidad con enfoque de género con el objetivo de mejorar el acceso de personas con discapacidad a oportunidades de empleo decente y sensibilizar sobre las habilidades y el potencial de esta población para contribuir a la vida productiva y el desarrollo de sus comunidades y el país.
La iniciativa propone crear un modelo de gestión para promover el derecho al trabajo decente para las personas con discapacidad a través de los gobiernos locales. Pone especial énfasis en la situación de vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad.
El desarrollo de un país se logra con la suma del talento, intelecto y las habilidades de toda su población; con el respeto de los derechos de todas las personas; y el esfuerzo conjunto por eliminar todo tipo de discriminación. Ampliar las oportunidades para todas las personas con discapacidad significa ampliar las perspectivas de progreso del país. Ello pasa porque se reconozca el potencial de las personas con discapacidad y se levanten las barreras que les impiden desarrollarse en condiciones de igualdad.
*El Programa Conjunto sobre Empleo y Discapacidad es una iniciativa del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, en la que participan el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Uidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). Sus contrapartes principales en el Estado son el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y la Comisión Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Texto elaborado en colaboración con UNFPA-Perú
