La Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo que culminó en Lima en agosto pasado significó la renovación del compromiso de los países de la región para defender el progreso logrado y afianzar el rumbo hacia la realización de los derechos reproductivos de sus poblaciones. Los 32 países participantes confirmaron el Consenso de Montevideo como una hoja de ruta integral y estratégica para la acción nacional y regional.
El camino recorrido para el reconocimiento de los derechos reproductivos de las personas ha sido largo y desafiante. Sin dejar de lado los importantes progresos evidenciados, actualmente, millones de mujeres en el Perú y el mundo aún ven obstaculizado el ejercicio de estos derechos, pese a su sólido reconocimiento en diversos compromisos internacionales. Con ello, ven limitadas sus opciones y los países pierden un gran potencial para su desarrollo.
Es por ello que la Agenda2030 para el desarrollo sostenible, plan universal suscrito por los países del mundo, recoge las medidas y objetivos para terminar con la pobreza y la desigualdad, y alcanzar la prosperidad y la conservación del medio ambiente. Especialmente en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 sobre salud y bienestar, y en el 5 sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
Los derechos reproductivos comprenden un conjunto de derechos humanos cruciales para el bienestar de la población, especialmente para las mujeres de todas las edades. Son imprescindibles para materializar una visión de desarrollo sostenible con progreso económico para los países, bienestar para las personas y donde nadie sea dejado atrás.
Un primero hito histórico para el reconocimiento de estos derechos sucedió hace 50 años, cuando en mayo de 1968 la planificación familiar fue reconocida por el mundo como un derecho humano fundamental en el marco de la Conferencia Internacional de derechos humanos en Teherán. Desde entonces, hombres y mujeres en todos los países tienen el derecho de decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y los intervalos entre sus nacimientos, y los Estados tienen el deber de ofrecerles la información y los servicios necesarios para garantizarlo.
Casi treinta años después, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) dio un paso más adelante, marcando un hito fundamental en la forma de entender y planificar el desarrollo: Por primera vez, 179 países aprobaron en consenso un plan de acción para el desarrollo sostenible, centrado en el respeto de los derechos humanos y la dignidad de cada persona, y en la interacción entre los cambios poblacionales y el progreso de las naciones. El capítulo 8 del Programa de Acción de El Cairo dejó constancia del reconocimiento de los países a los derechos reproductivos.
El Programa de Acción de El Cairo reafirmó el derecho de las personas a planificar sus familias; a disponer de información y métodos seguros, accesibles y eficaces para ello; a recibir servicios adecuados para su salud que les permitan seguir embarazos y partos seguros; y a adoptar decisiones relacionadas a su reproducción sin sufrir discriminación. Además, enfatizó la importancia de prestar especial atención a las necesidades de adolescentes en cuanto a servicios y enseñanza para que “puedan asumir su sexualidad de modo positivo y responsable”.
Al cumplirse 20 años de El Cairo se realizó el examen más exhaustivo sobre sus avances del que da cuenta el Informe Mundial de la CIPD Después de 2014. La expresión regional del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo después del 2014 es el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que pretende entre sus medidas, prioriza garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas.
Un mundo donde las mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, puedan hacer realidad sus preferencias reproductivas permite que puedan planificar otros aspectos de su vida, perseguir metas personales y profesionales, y contribuir a la vida económica y productiva de sus hogares, comunidades y países. Ese mundo es posible si todos y todas defendemos el pleno ejercicio de los derechos reproductivos de cada persona.
*Contenido realizado en colaboración con UNFPA-Perú
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